Situación y Objetivos

Situación y Objetivos

Venezuela atraviesa por una situación muy difícil que comenzó desde el 31 de marzo de 2016. Con un saldo de 47 muertes violentas confirmadas oficialmente por el Ministerio Público (hasta el 19 de Mayo, 2017), en el contexto de las protestas cívicas. En esta sección trataremos de explicar a nuestro público el origen de esta situación, el por qué y qué se busca, haciendo uso de artículos de organizaciones de noticias y otras relacionadas a la política que en la opinión de Venezuela Marcha entienden y explican de la mejor forma la situación problemática del país.

¿Cómo llegamos a esta situación?

El contexto de crisis política y económica que atraviesa el país es una causante de los consecutivos enfrentamientos que han provocado estas muertes, que tienen un punto común en la inestabilidad y polarización que domina la vida nacional.

Las protestas del último mes surgen después de un fallo del TSJ que representó la ruptura del hilo constitucional, que aunque fue retirado en lo atinente a las atribuciones de la AN y la inmunidad de los parlamentarios, supuso un punto de inflexión en la dinámica política del país. La errada decisión y el que TSJ se haya retractado de ella ponen en entredicho jurídico la condición misma de “tribunal supremo”. Esto sólo sería motivo suficiente de nulidad de todas sus funciones, a no ser de una digna renuncia de sus miembros, que difícilmente pueda esperarse de ellos.

En este punto es necesario reparar que los canales democráticos han sido constantemente torpedeados por el gobierno. En el marco de un Estado de excepción que se torna permanente (que, desde el 13 septiembre de 2016, da la potestad al ejecutivo de suprimir derechos constitucionales a su conveniencia Art. 2, Decreto 2.452), las elecciones de gobernadores se encuentran todavía suspendidas sin que se haya dado ningún tipo de justificación válida. Igualmente, el proceso de referéndum revocatorio fue arbitrariamente detenido, y su proceso se encuentra también en el limbo autoritario del cual se desprende. Parece que todo lo que tenga que ver con elecciones democráticas, sean regionales, nacionales, sindicales, gremiales o locales (SIDOR, Federación Petrolera, Consejos Comunales elecciones estudiantiles, etc), será inconstitucionalmente ignorado.

El gobierno responde ante la crisis con un creciente autoritarismo. La evidente fusión de los poderes públicos coloca a la población en una situación de indefensión ante su poder, el cual se concentra cada vez en mayor medida en el Ejecutivo y el alto mando militar.

El Estado venezolano: represión en manifestaciones y OLP

Es falso que en Venezuela no haya represión, como sostienen el gobierno y algunos sectores de la izquierda tradicional. En Venezuela hay muertos y heridos por protestar. Esto se ha agudizado en las últimas movilizaciones de la MUD.

Sin embargo, la respuesta represiva ha sido la constante del gobierno al enfrentar las exigencias también de otros sectores sociales y políticos. 16 trabajadores universitarios resultaron heridos en la represión del pasado 22 de marzo, en la Avenida Urdaneta, movilización en la incluso fueron lanzadas piedras desde el edificio sede del BCV. Ahí no había dirigentes de la MUD, ni mucho menos “guarimberos”, sino pueblo trabajador. De igual manera, el 29 de marzo la represión contra los jubilados y pensionados, que se expresaban pacíficamente en parque Carabobo, fue desmedida.

El gobierno, a través de una equivocada política comunicacional, busca la forma de culpar a las víctimas, intentando justificar el asesinato. En Venezuela no hay pena de muerte y en ningún contexto los cuerpos de seguridad pueden atacar de manera agresiva a los manifestantes. La actuación de la Policía en estos casos tiene que orientarse a contener el enfrentamiento, a disuadir a los manifestantes y a lograr su progresiva dispersión.

Las detenciones masivas, arbitrarias y violentas se han convertido en un fenómeno común y frecuente. Y, fuera de todo sentido constitucional, decenas de personas involucradas en las manifestaciones han sido o serán procesadas por tribunales militares, según fuentes oficiales, como lo sucedido en Carabobo, la semana pasada; violando de manera directa el derecho de los civiles a ser juzgados por tribunales civiles, hecho que durante el gobierno de Hugo Chávez pudo llegarse a ver de manera excepcional, pero no como una política de estado. Actualmente, más de 200 250 civiles son procesados por tribunales militares.

Los hechos y cifras citadas, son evidencia de que las acciones de represión no son casos aislados o errores mínimos, como quiere hacer ver la dirigencia del PSUV-GPP. En efecto, la represión desmedida viene siendo una política de estado sistemática que tiene manifestaciones evidentes a distintos niveles. Además, de los hechos mencionados hay otros que corroboran estas afirmaciones, como por ejemplo:

  • Disparos a mansalva hacia edificios y uso de armas automáticas (evidenciadas por el ruido) para reprimir las manifestaciones del Valle ocurridas el pasado 20 de Abril.

  • Uso de tanquetas de la GNB para atropellar manifestantes

  • El aumento de muertes en sectores populares (fundamentalmente jóvenes) a partir de los operativos de la OLP. En medio año (2015 – inicios 2016), hubo un aumento de 173% del promedio de muertes de este tipo de operativos, incluyendo aquellos desarrollados en los años 90’ con la cuarta república.

Dos caras de la violencia: ¨colectivos¨ armados y guarimberos

No se puede desatender la acción conspirativa de los sectores radicalizados. Sin embargo, poco o nada hacen el gobierno y la MUD para aislar estas agendas irresponsables, todo lo contrario, se exacerban e inoculan miedos, odios e intolerancia.

Es sumamente peligroso el uso frecuente de armas de fuego en las manifestaciones, así como el apoyo que reciben los grupos violentos de algunos actores políticos tanto del gobierno como de la MUD. Aun siendo minoría, la violencia de estos sectores radicales domina la escena pública.

Por su parte, el gobierno ni siquiera reconoce el peligro de la existencia de los “colectivos armados” que suelen actuar con la anuencia de los cuerpos de seguridad, al momento de reprimir movilizaciones y protestas, pero que en cualquier momento pueden también volverse en contra de ellas mismas. Las acciones de estos grupos sirven también para establecer control social sobre territorios álgidos.

Tribunales Militares

En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.

Leer más sobre la polémica con los tribunales militares en Venezuela.

¿Qué pide la oposición?

La principal demanda de la oposición es que se adelanten las elecciones presidenciales, originalmente previstas para octubre de 2018.

Pero también se pide la celebración de las elecciones regionales que deberían haber tenido lugar el año pasado, así como los comicios municipales que según el calendario electoral deberían tener lugar este 2017.

La oposición reclama además la liberación de los políticos presos, en su mayoría luego de las protestas de enero de 2014, así como la apertura de un canal humanitario para que al país ingresen medicinas y alimentos.

Y, claro está, también una devolución real de las competencias a la Asamblea Nacional, así como la renovación de los otros poderes del Estado -Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral-, a los que acusan de estar alineados con el ejecutivo.

Fuentes: